Juanita Guerra propone castigar con cárcel a quienes operen ambulancias irregulares que simulan ser servicios de emergencia
La senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el fin de tipificar como delito el uso de ambulancias ilegales, conocidas como “ambulancias pirata”, utilizadas para ofrecer traslados médicos sin autorización oficial.
La propuesta plantea sanciones de cinco a catorce años de prisión, así como hasta 120 días de multa, para quienes presten este tipo de servicios de forma irregular en el país.
La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, advirtió que estas unidades operan fuera de la ley, sin cumplir con los requisitos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, ni contar con personal médico capacitado.
“Estas falsas ambulancias imitan la apariencia de las certificadas, engañan a la ciudadanía y representan un peligro real para pacientes que requieren atención urgente”, alertó Guerra Mena.
Testimonios incluidos en la iniciativa documentan casos en los que pacientes sufrieron agravamiento de infartos, crisis respiratorias mal atendidas e incluso demoras fatales debido a que fueron trasladados en unidades sin preparación técnica ni médica.
Datos de la Secretaría de Salud señalan que más de 30 por ciento de los pacientes transportados en estos vehículos irregulares enfrentaron complicaciones que pudieron evitarse si se hubiera utilizado una ambulancia oficial.
La senadora por Morelos reconoció que la proliferación de ambulancias pirata está vinculada a la falta de regulación eficaz y a la creciente demanda de servicios médicos, especialmente en comunidades con recursos limitados donde las alternativas son escasas o inexistentes.
Guerra Mena insistió en que esta práctica se ha normalizado ante la ausencia de vigilancia por parte de las autoridades y la urgencia de las familias por conseguir atención médica rápida.
La iniciativa no solo busca endurecer las penas, sino enviar un mensaje firme de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud pública, por lo que la legisladora aseguró que esta reforma es un paso necesario para garantizar que la atención médica de emergencia sea un derecho seguro y no una lotería de riesgo.
“No podemos permitir que se sigan arriesgando vidas por falta de control. Esta reforma busca salvar vidas, cerrar la puerta a la impunidad y recuperar la confianza ciudadana en los servicios de emergencia”.
