Señala juzgador que la exfuncionaria federal contará con servicios médicos en caso de requerirlos de manera inmediata
Tras una audiencia de alrededor de tres horas, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó que la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno peñista, Rosario Robles, representa un elevado “riesgo de fuga”, por lo que deberá permanecer en prisión preventiva.
La audiencia se llevó a cabo tras la petición de la exfuncionaria federal solicitó modificar las medidas cautelares tras obtener un amparo.
Al arrancar la audiencia, el juez de Control señaló a las partes el motivo del procedimiento de este miércoles, en el que se analizaba la revisión de medida cautelar, en términos del artículo 161 del CNPP, así como la necesidad de cautela
El juzgador indicó que tanto la propuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) -que de pronunció por la continuación de la prisión preventiva– como las propuestas por la defensa, que “resultan idóneas para sujetar a la imputada al proceso
Tras la deliberación, se informó que el juez Villar Ceballos determinó que debe continuar en prisión preventiva. “Lo anterior, porque prevalece un elevado riesgo de fuga”.
De acuerdo con el juzgador federal, “la prisión domiciliaria, como una opción o una alternativa que ofreció la defensa de la indiciada, en algún momento del proceso, le facilitaría los medios para abandonar el territorio”.
Agregó que que los temas salud en Rosario Robles Berlanga no son obstáculo para que permanezca en prisión y aclaró, que, al margen de ello, cada que tenga alguna cuestión de salud, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar las medidas que ella y su defensa consideren pertinentes.
La extitular de la Sedatu lleva dos años en prisión al enfrentar procesos penales por la llamada Estafa Maestra, que implicó el desvío de recursos públicos por más de cinco mil millones de pesos.
La exjefa de Gobierno se ha declarado inocente de los delitos de los que la acusa el la fiscalía, entre ellos el indebido ejercicio de la función pública.
En tanto, la FGR ha pedido una pena de 21 años de prisión y la reparación del daño.
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